Los pagos por Bizum a empresas y autónomos comenzarán a ser vigilados por las haciendas vascas a partir del próximo año

El País Vasco quiere reforzar su lucha contra el fraude fiscal con la transposición de la nueva normativa nacional sobre los pagos electrónicos

En su lucha contra el fraude fiscal, el País Vasco ha anunciado que vigilará los pagos electrónicos realizados a empresas y autónomos. Las haciendas vascas serán las encargadas de analizar las transacciones económicas que se realicen a través de Bizum, tarjetas y otros sistemas de pago, con el objetivo de que puedan aflorar ingresos que hasta la fecha no se reflejaban en Hacienda. Precisamente Bizum es un método de pago cada vez más empleado a nivel global, que ha sido señalado en diferentes ocasiones por no compartir los datos de las transacciones realizadas a través de su plataforma.

Hasta la fecha, las entidades bancarias sólo estaban obligadas a comunicar, con periodicidad anual, sobre los pagos realizados con tarjeta únicamente cuando superasen los 3.000 euros al año. Pero la norma que preparan las Diputaciones Forales, que actuará como transposición de la nueva normativa nacional, establecerá que las entidades bancarias deberán informar a la Administración de todas las operaciones, independientemente de su cantidad, que registren cada mes. De esta forma, Hacienda podrá contrastar los ingresos declarados con los realmente percibidos.

La declaración incluirá también el número de operaciones, la identificación de los negocios y las cuentas de destino, así como los medios de cobro utilizados, distinguiendo los cobros con tarjeta y los pagos vinculados a un número de teléfono móvil.

Las entidades obligadas a remitir la información se enfrentarán a las sanciones previstas en la Norma Foral General Tributaria, con multas que pueden alcanzar hasta el 2% del importe de las operaciones no comunicadas, con un mínimo de mil euros.

Además, el nuevo sistema garantizará que los datos se compartan con las agencias tributarias de toda España para obtener información de todos los contribuyentes, independientemente de dónde tributen y dónde se hayan declarado los ingresos.

En el caso de detectar diferencias entre los ingresos declarados y los efectivamente percibidos por empresas o autónomos, las sanciones pueden elevarse hasta el 150% de la cantidad defraudada si se aprecian indicios de ocultación deliberada de ingresos.

Las administraciones trabajan para incorporar esta normativa para que pueda empezar a aplicarse cuanto antes. En el caso de Bizkaia, está prevista su aprobación en febrero, lo que permitirá que comience a funcionar a partir del mes de mayo con los datos de las operaciones realizadas previamente, desde el mes de enero, según precisan desde la Diputación. Álava y Gipuzkoa, por su parte, aún no han definido los plazos de aplicación en estos territorios.

Texto e imagen de la noticia: elEconomista.es